No se puede demorar más

Artículo publicado en ABC

La sociedad valenciana, representada por las distintas asociaciones de empresarios y el propio Consell, se ha unido para reivindicar ante Madrid lo que es justo para la Comunitat Valenciana ante la evidente discriminación en materia de financiación e inversiones que arrastramos casi históricamente. Toda la sociedad entendemos, también las instituciones como reflejo de ella, que es hora de reivindicarnos, exigir y plantarnos ante una situación insostenible para todos nuestros conciudadanos, y ante ella reclamamos un mínimo de sensibilidad desde las administraciones del Estado y un máximo de justo esfuerzo.

 A principios del pasado año 2013 pronuncié una conferencia en la que planteaba la necesidad de una financiación adecuada para la Comunitat Valenciana y eliminar la infrafinanciación que lastraba y dificulta aún hoy nuestra recuperación económica, pues el tremendo desfase existente en la actualidad entre comunidades autónomas es insolidario e injusto. Exigía entonces que a los valencianos se nos reconociera lo que se nos debe en justicia, reclamaba deuda y actualización de los ingresos.

Recordaba entonces que la financiación per cápita, por cada valenciano y valenciana de nuestra Comunitat está muy por debajo de la media, a la cola de las autonomías; y también que hay un millón de ciudadanos sin contabilizar a efectos presupuestarios por el Estado y que, al igual que los cuatro millones restantes, utilizan por igual y a diario cada uno de los servicios públicos. Ante esta clamorosa situación que venimos arrastrando desde hace muchos años se impone como prioritaria una revisión de un nuevo modelo acorde con la realidad de nuestra población. Si se nos hubiese abonado según el censo real de nuestros habitantes, hoy nuestro déficit autonómico estaría por debajo de la media, y la presión fiscal sería muchísimo menor.

 Los informes técnicos avalan el cambio. Tanto la comisión de expertos elegida por Les Corts como los economistas del Alto Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana elaboraron informes que han servido de base al gobierno de la Generalitat para plantear un nuevo modelo de financiación, como también le han servido a los representantes de la patronal en sus reivindicaciones. Todos los expertos coinciden en detectar las carencias graves en el Estado de las autonomías.

 Es la propia Constitución de 1978, que siempre hemos respetado, la que en su artículo 2º reconoce y garantiza la solidaridad entre todas las autonomías, así pues sólo exigimos el cumplimiento constitucional también en esta cuestión, como lo exigimos en otras muchas materias. Precisamente, los informes técnicos de los expertos señalan como carencia graves del estado de las autonomías su inequidad interterritorial y su inestabilidad financiera.

Es necesario que el Gobierno de España invierta aquí en infraestructuras productivas y mejore la financiación. En repetidas ocasiones he señalado que desde la Comunitat Valenciana siempre hemos mantenido una lealtad institucional incuestionable. No somos, por tanto, sospechosos de actuar de espaldas al bien común de nuestro país. Pero hay un momento en que, ante la permanente sensación de ninguneo y de olvido se hace necesario adoptar medidas que obliguen a forzar decisiones con resultados evidentes. Es necesario resolver la situación este mismo año porque el injusto maltrato que venimos padeciendo no es sostenible por más tiempo.

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