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A propósito del proyecto del Gobierno de reformar la ley del aborto, he releído una reciente sentencia de un Juzgado de Palma de Mallorca. Muy en resumen, y en lo que ahora interesa,  se ventilaba el caso de una chica que quiso abortar y fue a una conocida clínica abortista, donde la operación se realizó aparentemente sin problemas. Semanas después, volvió al centro para una revisión y el mismo ginecólogo que había realizado la intervención confirmó que ésta había resultado satisfactoria. Sin embargo, más de tres meses después volvió porque creía que estaba otra vez embarazada. Para su sorpresa, tras otra ecografía, se le informó de que no era un segundo embarazo, sino que se trataba del primero, luego el aborto resultó fallido. Finalmente, dio a luz a un niño sano.

La sentencia indemniza a la madre y condena al médico, a la clínica y a la aseguradora a hacerse cargo de la manutención del hijo hasta los 25 años. Se basa  en que ese niño no fue deseado, que la madre puso todos los medios a su alcance para impedirlo y que si nació fue por una negligencia médica. Aunque los hechos ocurrieron en abril de 2010, y la vigente ley entró en vigor en julio de ese año, la sentencia es toda una muestra de la mentalidad que late tras la actual ley y de lo urgente que es su derogación.

Muestra a una madre que tras pensar que había abortado «felizmente», cree que está de nuevo embaraza y que se plantea sin más abortar de nuevo: éste es el éxito de una educación sexual que es fuente de embarazos y que hace del aborto un remedio rutinario frente a un fallo; una educación que banaliza tanto el sexo como el valor de la vida humana. Urge derogar una ley vigente que obliga  a los colegios a enseñar  que el aborto es una cuestión de salud, algo ajeno a la vida humana y que obliga a las  universidades que enseñen su práctica a los futuros médicos.

Lo principal es que para esa sentencia, no poder abortar o un aborto fallido es un daño indemnizable. Es la consecuencia de erigir  el aborto en derecho. Ahora ya lo es por ley y antes había sentencias que indemnizaban  cuando no se informaba a la madre que el hijo que gestaba podía presentar  o presentaba alguna malformación. Al menos en algunas sentencias se  advertía que el nacimiento de un ser humano no podía ser tenido como un daño en sí. Lo que se resarcía era el daño moral de no haber podido ejercer la libre determinación de abortar, pero no el hecho del nacimiento.

Según la sentencia, para una madre, la vida del hijo que no ha podido matar antes de nacer es un daño por el que debe ser resarcida, sencillamente porque no entraba en sus planes tenerlo. Y el «buen profesional» no es siquiera el que da una información adecuada, sino el que acaba con  éxito con la vida de un ser humano. Para el juez, ese niño es un mal porque su vida «no ha sido buscada ni querida», y añade  que «un hijo te acompaña a lo largo de toda tu vida y altera para siempre la estructura y tipo de familia que un individuo quiera formar y tener». Éste es el grado de aberración a la que se ha llegado y que tiene ya respaldo en la ley vigente. La madre habrá logrado unos cientos de miles de euros, pero ignoro si podrá  mirar a su hijo a la cara.

Insisto: urge derogar esta ley. Ciertamente, derogarla no tendrá efectos taumatúrgicos, porque el mal está en la mentalidad que ha ido cuajando a lo largo de estos años. Abortar forma parte de la cotidianeidad, y está instalada en la mente de muchos la idea de que es un derecho; ahora bien, que se derogue una ley que proclama tal barbaridad tendrá efectos poderosos. Urge derogarla y no esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad; es más, vista su actual composición, hay que evitar que pueda proclamar que matar a un ser humano no nacido, lejos de ser una aberración y una barbaridad, es un derecho, luego impedirlo sería lo inconstitucional.

Fuente: www.larazon.es