10 abr 2013
Posted by Juan Cotino
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Editorial de LA RAZÓN
El Tribunal Supremo confirmó ayer la absolución del ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y del que fuera secretario general del Partido Popular valenciano Ricardo Costa, en la conocida como «causa de los trajes». En enero de 2012 un jurado los declaró «no culpables» en el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad. La Fiscalía dio por buena esta decisión, pero el PSOE pretendió prolongar el proceso contra Camps con un recurso que concluyó ayer de forma desfavorable para los intereses que los socialistas persiguieron en este asunto desde su origen. Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo valoraron en su resolución que la motivación del jurado popular a favor de Camps y Costa no fue «arbitraria, ilógica o irrazonable».
El fallo es el colofón para un episodio que ha simbolizado como pocos esa Justicia sumarísima y populista que se ha enquistado en nuestra sociedad. Recordar ahora el procedimiento inquisitorial contra Camps y Costa, la vulneración de derechos tan básicos como la presunción de inocencia y la infame campaña de descrédito, acoso y derribo en su contra es referirnos a una página negra del Estado de Derecho en este país. Una actuación promovida y orquestada por el PSOE, con profusión de respaldo mediático, filtración y manipulación interesadas de la instrucción y del sumario, hasta configurar un procedimiento sumarísimo con veredicto de culpabilidad y condena popular.
La auténtica Justicia trabajó y habló, sin embargo, fuera de esos circuitos alegales, con las necesarias garantías y conforme a principios tan básicos del Derecho como aquel que dicta que no son los señalados quienes deben probar su inocencia, sino los acusadores, la culpabilidad. El desenlace fue reparador, pero el daño ya estaba hecho. Es una de las sustanciales diferencias entre regular o depurar las conductas conforme a las leyes o promover purgas sociales mediante auténticos procesos de linchamiento civil.
La causa contra Camps debería servir de lección y de motivo de reflexión sobre la deriva de una nación que se desliza por una pendiente en la que se corre el riesgo cierto de que los procesos mediáticos y los juicios paralelos subviertan valores y garantías capitales del Estado de Derecho y que la opinión pública pueda llegar a interpretarlos como la auténtica Justicia. Los peligros no son menores y los partidos deberían jugar un papel central en trasladar a la sociedad que la democracia es el imperio de la Ley y que sin la Ley, sin sus salvaguardas y sus garantías, estamos más indefensos y vulnerables frente a desaprensivos y ventajistas. La izquierda ha instrumentalizado lo que ha podido esta Justicia populista para lograr fuera de las urnas lo que perdieron en ellas. La absolución de Camps ha dejado en evidencia esas prácticas y a quienes las dirigen. Que sirva de lección, hoy más que nunca.
Fuente: LA RAZÓN
