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La piedra angular de la política hídrica del Gobierno valenciano ha sido y es la defensa de los trasvases. La reivindicación del agua procedente de otras cuencas excedentarias ha sido una constante para el president Camps, del mismo modo que la ejecución de las infraestructuras necesarias para aprovechar al máximo cada gota de agua existente en nuestra Comunitat.
En los últimos años, hemos podido constatar a través de numerosos estudios científicos que sólo con la llegada de aguas excedentarias a nuestra Comunitat, y en concreto a la provincia de Alicante, se puede garantizar el futuro de nuestro territorio. Los trasvases del Ebro, del Tajo al Segura y del Júcar al Vinalopó constituyen no sólo una cuestión medioambiental, puesto que el agua es vital para la conservación de nuestros espacios naturales, sino también una cuestión económica, porque sin este elemento no es posible el crecimiento productivo. Pero sobre todo se trata de una cuestión social, ya que los trasvases constituyen una gran fuente de creación de empleo, y la mejor política social que un Gobierno puede llevar a cabo consiste en generar puestos de trabajo.
La ejecución de los trasvases del Ebro, Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó conllevan la creación de más de 340.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, lo que supondría garantizar un medio de vida para la gran mayoría de las familias que ahora mismo se encuentran en paro.
Sin embargo, nos hemos encontrado con una obstinada negación de esta realidad por parte del Gobierno socialista que, por motivos puramente políticos, decidió poner fin a nuestras esperanzas de resolver el problema de la escasez hídrica en la Comunitat derogando el trasvase del agua del Ebro. Así, con una simple firma de la entonces todopoderosa Fernández de la Vega, se esfumó la única respuesta a las necesidades hídricas para el abastecimiento humano, para la agricultura, para la industria, para el turismo y en definitiva para cualquier tipo de actividad.
¿Y a cambio? A cambio Zapatero puso en marcha el Programa HUMO. Un conjunto de obras que prometían traer agua suficiente y que por el contrario sólo nos han traído sal. El Programa AGUA no ha resuelto en absoluto las necesidades hídricas de la Comunitat y ha enterrado más de 1.300 millones de euros en desaladoras que ahora mismo no están en funcionamiento. Pero además, el Gobierno de Zapatero ha dilapidado unos fondos que podían haber sido destinados a la modernización de los regadíos o la reutilización de las aguas depuradas, aspectos en los que la Generalitat ha realizado inversiones millonarias que nos han situado como líderes en España. Y el daño todavía es mayor teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana podría haber recibido en torno a 1.250 millones de euros de fondos de la Unión Europea para la ejecución del trasvase del Ebro.
Seis años después de echar por la borda el PHN, aprobado con un acuerdo histórico, hemos podido constatar que tal y como nos temíamos, la alternativa que nos vendieron los socialistas y Zapatero era tan sólo HUMO.
Pero los males a los que nos tiene sometidos el Gobierno socialista de Zapatero no se acaban aquí. La falta de una autoridad hídrica nacional, como consecuencia de la dejación de poder del Gobierno central en sus compañeros de partido al frente de algunas comunidades autónomas, ha provocado una confrontación entre autonomías sin precedentes.
Como ejemplo, los socialistas castellano manchegos siguen intentando poner fin al trasvase del Tajo-Segura, a través de una reserva hídrica que impediría la llegada de caudales al Segura, que pretendían incluir en su Estatuto de Autonomía y ahora quieren aprobar por ley.
Este trasvase, en marcha desde más de 30 años, es absolutamente prioritario para la provincia de Alicante, pero sobre todo para aquellas zonas del sur donde la única dotación de agua que reciben es la procedente del Tajo. La desaparición de estos aportes constituiría por lo tanto una pérdida económica irreparable con un efecto devastador para la zona.
Sin embargo, pese a que el agua del Tajo contribuye a paliar el déficit estructural hídrico, no lo resuelve. Los problemas de sobreexplotación de los acuíferos y los prácticamente inexistentes caudales en los cauces necesitan de una solución sostenible desde el punto de vista ambiental pero también financiero, es decir, necesitan el trasvase del Ebro.
Otro ejemplo del caos en que está sumida la política hídrica del Gobierno central lo constituye su incapacidad para llegar a un acuerdo con los usuarios del Júcar-Vinalopó respecto a la calidad y el precio del agua que llegará a través de esta conducción. Pese a que el Ministerio se comprometió a ello, ahora nos encontramos con una infraestructura acabada y que no sirve para nada dado que los caudales trasvasados deben ser destinados tanto a regadío como al abastecimiento, pues es la única forma de garantizar su sostenibilidad económica. Pero para ello se necesita un agua con calidad suficiente, que hoy por hoy no tiene debido al cambio de toma del proyecto original sin que a cambio el Gobierno central haya contemplado obras de mejora de esa calidad.
En definitiva, en Alicante, en la Comunitat Valenciana, necesitamos un verdadero compromiso por solucionar la escasez hídrica y garantizar el futuro de nuestro territorio, y no un programa HUMO que distraiga la atención de lo realmente importante. Y ello pasa por un cambio en la política hídrica nacional, con un gobierno que ejerza una auténtica autoridad hídrica en toda España y con una red de suministro nacional que lleve el agua de donde sobra a donde falta, como preveía el Plan Hidrológico Nacional con el trasvase del Ebro.